ARISTÓBULO: UNA DENUNCIA QUE ESTREMECE Y DEJA A CUATRO NIÑOS BAJO PROTECCIÓN

Hay historias que no deberían existir. Relatos que, aun antes de que la Justicia determine qué ocurrió, generan una profunda preocupación y obligan a detenerse frente a una realidad que tiene como protagonistas involuntarios a quienes menos posibilidades tienen de defenderse: los niños.

En Aristóbulo del Valle, un hombre de 38 años fue detenido en el marco de una investigación iniciada luego de una denuncia que señala un presunto intento de entregar a dos de sus hijos a cambio de un automóvil o una camioneta. Se trata de una acusación de extrema gravedad, cuya verdadera dimensión deberá ser establecida por la Justicia, pero que ya encendió todas las alarmas.

La investigación comenzó después de que la madre de los cuatro menores, una mujer de 27 años, acudiera a la Comisaría de la Mujer y presentara un audio de WhatsApp en el que habría reconocido la voz de su expareja. Según su denuncia, en esa grabación el hombre habría manifestado su intención de entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo, además de realizar otras expresiones consideradas graves.

A partir de la denuncia, intervino el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, que ordenó distintas medidas destinadas a esclarecer los hechos, proteger a los menores y preservar elementos que puedan resultar fundamentales para la investigación.

Cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda del barrio Municipal de Aristóbulo del Valle y detuvieron a Ramón V., de 38 años. De acuerdo con el reporte policial, el hombre registra antecedentes penales.

Pero detrás del expediente, de los allanamientos y de los teléfonos secuestrados, hay una realidad mucho más dolorosa: cuatro hermanos de 11, 9 y 5 años y de apenas 1 año y 8 meses quedaron provisoriamente bajo el cuidado de una tía paterna.

Cuatro infancias que, de un momento a otro, quedaron atravesadas por una denuncia de una gravedad estremecedora. Cuatro niños que necesitan protección, contención y, sobre todo, adultos que estén a la altura de la responsabilidad que implica garantizarles seguridad y tranquilidad.

Una psicopedagoga y una asistente social intervinieron para brindar asistencia a los menores. Mientras tanto, personal de Cibercrimen secuestró tres teléfonos celulares que estarían relacionados con la denunciante, el acusado y un tercero. Los dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a las pericias correspondientes.

La posible participación o vinculación de esa tercera persona todavía es materia de investigación.

Y aquí aparece lo más importante: la Justicia deberá determinar qué ocurrió realmente. Una denuncia no equivale a una condena y toda persona acusada tiene derecho al debido proceso. Pero eso no significa que la sociedad deba mirar hacia otro lado cuando existen menores involucrados y una acusación de semejante gravedad.

Porque cuando hay niños en el centro de una investigación, la prioridad debería ser una sola: protegerlos.

El caso de Aristóbulo del Valle no debería convertirse solamente en otro expediente policial. Debería provocar una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad de las infancias, sobre las responsabilidades de los adultos y sobre la necesidad de que los mecanismos de protección funcionen con rapidez cuando una denuncia pone en riesgo a menores.

Mientras avanza la investigación, cuatro pequeños esperan que los adultos, las instituciones y la Justicia hagan lo que corresponde.

Y en circunstancias como estas, no hay lugar para la indiferencia.

ALEJANDRO DUARTE