VOLANTAZO DEL OFICIALISMO: EL GOBIERNO CEDE Y AHORA BUSCA PRESENTAR UN PROYECTO “SUPERADOR” SOBRE DISCAPACIDAD

El escenario político dio un giro inesperado. Después de semanas de tensión y fuertes cuestionamientos en torno a las políticas destinadas al sector de la discapacidad, el oficialismo decidió mover sus piezas y presentar un proyecto que incorpora buena parte de los reclamos que venían siendo impulsados por sectores opositores.
El cambio de rumbo no pasó desapercibido.
La iniciativa de La Libertad Avanza contempla el principio de nomenclador único, establece la actualización mensual automática de los aranceles, mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva y un empleo de hasta dos salarios mínimos, garantiza la cobertura de Incluir Salud y dispone que las partidas presupuestarias no puedan quedar, en términos reales, por debajo de las del ejercicio anterior.
Sobre el papel, aparecen respuestas a demandas que durante meses fueron colocadas en el centro de la discusión.
Pero la pregunta política resulta inevitable: ¿por qué hubo que llegar hasta este punto para que esas demandas fueran incorporadas?
El llamado “volantazo” expone una contradicción difícil de ignorar. Mientras el Gobierno defendía una determinada orientación presupuestaria, la presión política y social fue creciendo hasta transformar el escenario. Ahora, aquello que parecía resistido comienza a aparecer dentro de una propuesta oficial presentada como “superadora”.
Y en materia de discapacidad, cada demora tiene consecuencias concretas.
No se está hablando simplemente de números, planillas o partidas presupuestarias. Se está hablando de tratamientos, prestaciones, transporte, acompañamiento, instituciones, profesionales y familias que necesitan previsibilidad para poder sostener su vida cotidiana.
Por eso, el debate no debería quedar atrapado únicamente en la disputa entre oficialismo y oposición. La verdadera discusión es qué lugar ocupa la discapacidad dentro de las prioridades del Estado y qué garantías concretas tendrán las personas que dependen de esas políticas públicas.
El oficialismo ahora intenta reordenar el tablero antes de la firma de los dictámenes en comisión. La política, una vez más, parece haber obligado a recalcular el camino.
Pero queda una cuestión pendiente: si estas medidas eran posibles, ¿por qué no estuvieron sobre la mesa desde el comienzo?
El tiempo dirá si estamos frente a una verdadera corrección de rumbo o simplemente ante una estrategia para atravesar una tormenta política.
Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias siguen esperando algo mucho más básico que una batalla parlamentaria: certezas, derechos y respuestas concretas.
ALEJANDRO DUARTE