¿TRANSPARENCIA O SILENCIO? EL CASO CORREA DEJA MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

En la mañana de “EL MAÑANERO”, pasó por nuestros micrófonos el diputado Ramón Amarilla, quien se refirió a la polémica situación que envuelve al policía Diego Correa luego de conocerse la adquisición de una camioneta de alta gama, ocurrida después del levantamiento del campamento instalado frente a Casa Rosada.

Y sus declaraciones, lejos de cerrar la discusión, volvieron a abrir una puerta cargada de preguntas.

“Yo me enteré de que levantaron el campamento por los medios de comunicación, conmigo no habló nadie”, sostuvo Amarilla, tomando distancia de la decisión adoptada por quienes permanecían en el acampe.

Pero hubo una frase que merece ser tomada especialmente en cuenta: “Correa debe salir a explicar lo que pasó y, si de esta manera hubo acuerdo, la gente merece conocer la verdad”.

Y ahí está precisamente el punto.

No se trata de juzgar anticipadamente a nadie. No se trata de condenar a un policía por comprar un vehículo. Tampoco de transformar una adquisición en una sentencia pública. Se trata de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: explicar.

Porque cuando una situación genera dudas, el silencio no ayuda a despejarlas.

Desde este medio tuvimos comunicación con Correa, pero no encontramos predisposición para brindar explicaciones públicas respecto de la adquisición cuestionada. Y cuando existe una diferencia tan grande entre lo que se reclama públicamente, lo que se negocia o acuerda —si es que efectivamente existió un acuerdo— y lo que posteriormente sucede, las preguntas aparecen inevitablemente.

El propio Amarilla, quien también atravesó una situación de encarcelamiento que cuestionó públicamente, plantea que ambos policías deberían explicar las circunstancias que rodearon estos hechos.

Y es justamente ahí donde aparece una cuestión que no puede ser ignorada: la transparencia no debería ser una opción.

Si estamos hablando de una camioneta cuyo valor rondaría, según las estimaciones que circulan, los 70 millones de pesos, es lógico que surjan interrogantes. No porque un policía no pueda tener un vehículo de alta gama, sino porque la sociedad tiene derecho a preguntarse cómo se concretó una operación de semejante magnitud y cuál es el origen de los fondos, siempre dentro de los límites que corresponda investigar y acreditar formalmente.

Porque una cosa es acusar sin pruebas.

Y otra muy distinta es pedir explicaciones cuando existen dudas razonables.

La situación se vuelve todavía más compleja cuando, mientras se intenta entender qué ocurrió con el acampe y qué tipo de conversaciones pudieron existir detrás de su levantamiento, aparecen nuevos episodios de protesta.

Ayer, tres policías se encadenaron frente a Casa de Gobierno reclamando igualdad de condiciones y terminaron siendo retirados por efectivos de Infantería de la provincia.

Otra imagen fuerte.

Otra escena que genera interrogantes.

Y nuevamente, pocas respuestas.

La sociedad observa todo esto y se pregunta qué está pasando. ¿Qué ocurrió con las negociaciones? ¿Quién decidió levantar el acampe? ¿Hubo algún acuerdo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué se habló? ¿Qué se consiguió? ¿Qué se prometió? ¿Y por qué quienes estuvieron en el conflicto parecen tener versiones diferentes?

No alcanza con mirar una camioneta.

Tampoco alcanza con mirar un campamento.

Hay que mirar el contexto completo.

Porque quizás el verdadero problema no sea el vehículo. Quizás tampoco sea solamente el levantamiento del acampe. El verdadero problema es que, cuando falta información, el vacío lo llenan las sospechas, las versiones y las preguntas.

Y mientras tanto, la ciudadanía queda mirando desde afuera un conflicto policial que debería ser explicado con absoluta claridad.

Nadie debería ser condenado por una compra sin pruebas. Pero tampoco nadie debería pretender que una situación rodeada de interrogantes sea aceptada simplemente con silencio.

Si todo está en orden, explicar debería ser lo más sencillo.

Si hubo un acuerdo, que se conozca.

Si no hubo acuerdo, que también se diga.

Si la adquisición tiene una explicación legítima, que se presente.

Y si existen irregularidades, que sean investigadas por los organismos correspondientes.

Porque en democracia la transparencia no se construye escondiendo las preguntas debajo de la alfombra.

Se construye respondiéndolas.

Hoy, lamentablemente, hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.

Y cuando los números no parecen cerrar, cuando aparecen decisiones que nadie termina de explicar y cuando nuevamente policías salen a reclamar en las calles, lo mínimo que merece la sociedad es información clara.

No queremos condenas anticipadas. Queremos explicaciones.

Porque el silencio, en situaciones como esta, no apaga la polémica.

La hace crecer.

ALEJANDRO DUARTE