STARLINK PARA LAS ESCUELAS RURALES: CONECTIVIDAD SIN LICITACIÓN, COSTOS EN DÓLARES Y UNA FACTURA QUE QUEDARÁ PARA LAS PROVINCIAS

La conectividad de las escuelas rurales debería ser una política de Estado. Nadie puede discutir que garantizar internet en los establecimientos educativos más alejados es una necesidad concreta para reducir desigualdades y acercar oportunidades a miles de estudiantes que, durante años, quedaron del otro lado de la brecha digital.

El problema aparece cuando una política que debería estar guiada por la transparencia, la planificación y el interés público comienza a quedar envuelta en interrogantes.

El acuerdo para llevar conectividad satelital de Starlink a escuelas rurales despierta críticas por varios motivos: contratación directa, ausencia de una licitación abierta, costos expresados en dólares y, particularmente, porque las provincias deberán asumir progresivamente el sostenimiento del servicio a partir del tercer año.

Y aquí aparece la pregunta inevitable: ¿quién paga la fiesta cuando se apagan las cámaras y termina el anuncio?

Porque contratar un servicio para conectar una escuela es apenas el primer paso. Después vienen las facturas, el mantenimiento, los equipos, las reposiciones y la continuidad del servicio. Y si la Nación asume inicialmente el costo para luego trasladar la responsabilidad a las provincias, habrá que explicar con absoluta claridad cuánto terminará pagando cada jurisdicción y con qué recursos.

La conectividad rural no puede convertirse en otra política pública presentada con bombos y platillos en el lanzamiento y acompañada de una letra chica que después deberán resolver los gobiernos provinciales.

Tampoco resulta menor el mecanismo de contratación. Cuando se utilizan recursos públicos, la transparencia no debería ser un obstáculo burocrático sino una garantía para todos. Si existe una razón técnica, económica o de urgencia que justifique una contratación directa, esa explicación debe ser pública, concreta y verificable.

Porque el problema no es Starlink. El problema es cómo se contrata, cuánto se paga, quién controla y quién termina asumiendo la cuenta.

También sería necesario conocer si fueron evaluadas otras alternativas tecnológicas, cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al proveedor, qué cobertura real tendrá el programa, qué velocidades se garantizarán y cuáles serán las condiciones de permanencia una vez finalizado el período inicial.

Las escuelas rurales necesitan internet, sí. Pero también necesitan previsibilidad.

No alcanza con instalar una antena y sacarse la foto. Hay que garantizar que dentro de tres, cinco o diez años esa escuela continúe conectada.

Porque si el Estado nacional llega con la solución durante los primeros años y luego deja el costo sobre las espaldas provinciales, la pregunta deja de ser solamente tecnológica y pasa a ser política y económica.

¿Las provincias tendrán recursos suficientes para sostenerlo?

En un país donde las administraciones provinciales deben hacer malabares para mantener servicios esenciales, trasladar nuevos compromisos financieros requiere algo más que una firma: requiere planificación, información y certezas.

La educación rural no puede quedar atrapada entre contratos en dólares, presupuestos ajustados y responsabilidades que cambian de manos.

Conectar escuelas es una excelente noticia.

Lo que no sería una buena noticia es que la conectividad llegue por tres años y la factura se quede para siempre.

Por eso, más allá del discurso sobre modernización y tecnología, el acuerdo merece ser conocido en detalle. Porque cuando se utilizan fondos públicos, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta, por qué se eligió ese proveedor, bajo qué condiciones se firmó y, sobre todo, quién pagará cuando llegue la hora de renovar el servicio.

La tecnología puede conectar una escuela con el mundo.

La transparencia debería conectar a los funcionarios con los ciudadanos.

ALEJANDRO DUARTE