El gobernador Hugo Passalacqua decidió que ya era hora de sentar a los senadores nacionales por Misiones a tomar un café con sabor a realidad. El escenario no fue casual: eligió el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) para darles una orden tan explícita como urgente: votar en contra de la reforma a la Ley de Tierras (Ley 26.737) que el Gobierno nacional pretende sacar a libro cerrado.
Parece que en las oficinas porteñas olviden la geografía, pero en la “tierra colorada” la memoria sigue intacta. Flexibilizar o eliminar las traba a los capitales extranjeros para que compren hectáreas a mansalva no es “modernizar el mercado”: es, en palabras del propio mandatario, una amenaza directa a la soberanía nacional. Para una provincia que comparte casi toda su frontera con otros países y que, de paso, resguarda más del 50% de la biodiversidad de la Argentina, la idea de ponerle cartel de “se vende” a la Selva Paranaense resulta entre disparatada y peligrosa.
El “combo” de la discordia: tres perlas del proyecto nacional
Desde el Ejecutivo provincial no se anduvieron con rodeos y fundamentaron el rechazo en tres puntos que harían sonrojar a cualquier defensor del patrimonio local:
Soberanía hídrica y ambiental en bandeja: Regalarle el control de los acuíferos y la selva remanente al mejor postor internacional.
Afuera los límites: Eliminar de un plumazo los topes legales a la cantidad de hectáreas en manos extranjeras.
El milagro del “silencio positivo”: El truco administrativo definitivo. Si el Estado nacional traspapela un expediente o se “olvida” de responder a tiempo, la compra se aprueba sola. Una genialidad de la burocracia express al servicio del capital extranjero.
Cuenta regresiva: el puerto vs. la provincia
Con la fecha de tratamiento fijada para el próximo 6 de agosto de 2026 bajo el amparo de la agenda del Consejo de Mayo, el Senado se convertirá en un campo de batalla clave.
Pero si en Buenos Aires creían que la negociación terminaba en los pasillos del Congreso, se equivocaron de provincia. La estrategia del gobierno misionero promete escalar: en los próximos días convocarán a los intendentes de los 78 municipios para armar un frente común. La meta es clara: firmar una declaración unánime de rechazo que le haga saber al poder central que, al menos en Misiones, el patrimonio nacional no se subasta por decreto.
ALEJANDRO DUARTE

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