En pleno “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 776 para imponer narcotests obligatorios a funcionarios provinciales, fuerzas de seguridad, personal penitenciario y agentes de salud pública. Sí, en 2026 finalmente alguien pensó que quizás darle poder a personas bajo efectos de sustancias no era la mejor política institucional.
La medida alcanza desde ministros y altos funcionarios hasta integrantes de entes autárquicos y sociedades del Estado. Según explicó el mandatario, los análisis serán “anuales y aleatorios”, porque aparentemente la transparencia ahora viene con frasquito incluido.
El Ministerio de Salud Pública será el encargado de aplicar el procedimiento y, si algún funcionario da positivo, se activarán mecanismos legales y constitucionales. Aunque muchos se preguntan si también habrá examen para detectar intoxicación de soberbia, adicción al cargo o dependencia extrema de los viáticos estatales.
El decreto promete confidencialidad, privacidad y respeto por los derechos individuales, pero deja una escena política bastante curiosa: funcionarios que deberán demostrar una vez al año que están en condiciones mínimas para ejercer cargos que manejan millones de pesos y decisiones públicas. Algo que, en teoría, debería ser obvio y no noticia.
“Gobernamos para dar el ejemplo”, dijo Passalacqua. Una frase noble… aunque para gran parte de la sociedad el verdadero milagro sería que también implementen detector de ñoquis, medidor de humo y test de contacto con la realidad.
ALEJANDRO DUARTE
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