El reciente y estremecedor episodio en el que un comerciante, tras sufrir un intento de hurto en su supermercado, atrapó a un presunto ladrón, lo ató a su camioneta y lo arrastró a lo largo de 600 metros, abre un debate urgente y profundo sobre el estado de nuestra sociedad.
Este hecho, que ya está bajo una rigurosa investigación por parte de la justicia local, no puede ser minimizado ni justificado bajo el paraguas del hartazgo social.
Es innegable que el comercio minorista y los ciudadanos de a pie conviven a diario con la desprotección y la impotencia ante la inseguridad. La sensación de vulnerabilidad es real, legítima y desgastante. Sin embargo, cuando la respuesta ante un delito —en este caso, un intento de hurto de mercadería— se transforma en un acto de tortura explícita y ensañamiento, se cruza una línea de no retorno. Lo que comenzó como la legítima defensa de la propiedad privada terminó convirtiéndose en un acto criminal de una violencia descomunal.
La “justicia por mano propia” no es justicia; es barbarie. Cuando el ciudadano común decide asumir el rol de captor, juez y verdugo, rompe el contrato social básico que sostiene a una comunidad democrática. Dejar pasar o relativizar estos linchamientos y castigos ejemplares nos arrastra de vuelta a la ley de la selva, donde el poder del más fuerte reemplaza a las instituciones.
La justicia local tiene ahora la doble tarea de esclarecer el intento de robo, pero, por sobre todo, de juzgar con firmeza este brutal ataque. La seguridad y el orden deben ser garantizados por el Estado a través de las fuerzas policiales y el Poder Judicial. Validar la crueldad como método de castigo vecinal no nos hace más seguros; por el contrario, nos vuelve una sociedad mucho más hostil, violenta y deshumanizada.
ALEJANDRO DUARTE
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