La Fundación Dante Piesco presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de tres integrantes de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
La presentación alcanza a Patricia Sandoval, directora de Biodiversidad; Estela Maris Brodzicz, jefa del Departamento de Fauna; y José Meriles, guardafauna provincial. Según informó la organización, la denuncia reúne más de treinta páginas de documentación y antecedentes vinculados a distintas causas judiciales, tanto provinciales como federales.
De acuerdo con el escrito, los expedientes analizados incluyen investigaciones relacionadas con el presunto tráfico ilegal de fauna silvestre, tenencia irregular de especies protegidas, criaderos clandestinos, comercio ilegal, pérdida de trazabilidad, utilización irregular de documentación y casos de maltrato animal, entre otras situaciones que, según la Fundación, afectan gravemente a la biodiversidad de Misiones.
La entidad sostiene que estos hechos no serían episodios aislados, sino que tendrían un denominador común: todos ocurrieron dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Biodiversidad, organismo al que la legislación provincial le asigna las tareas de inspección, control, fiscalización y denuncia de las infracciones vinculadas con la fauna silvestre.
En ese marco, la Fundación solicita que el Ministerio Público Fiscal determine si existieron omisiones incompatibles con las obligaciones legales de los funcionarios denunciados y si esas presuntas falencias favorecieron la continuidad de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico y la explotación de animales silvestres.
Asimismo, la organización manifestó que la sucesión de expedientes judiciales abiertos en distintos puntos de la provincia justificaría investigar la posible existencia de irregularidades institucionales, eventuales responsabilidades penales individuales o mecanismos administrativos que hayan permitido la continuidad de estas maniobras. No obstante, aclaró que será la investigación judicial la que deberá determinar si dichas hipótesis cuentan con sustento probatorio.
Desde la Fundación Dante Piesco, responsable del centro de conservación y rescate de fauna silvestre OHANA, afirmaron que la acción judicial no tiene fines personales ni políticos, sino que busca fortalecer las instituciones encargadas de proteger el patrimonio natural y garantizar que los organismos competentes actúen con transparencia y dentro del marco legal.
“La fauna silvestre es patrimonio de todos los argentinos. Defenderla implica también exigir que las instituciones funcionen con transparencia, eficiencia y dentro del marco de la ley. Sin controles efectivos, el tráfico ilegal encuentra terreno fértil para expandirse y pone en riesgo uno de los mayores tesoros naturales de nuestro país”, expresó Marina Sarquiz, vicepresidenta de la Fundación.
ALEJANDRO DUARTE
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