EL GOBIERNO VA POR TODO: REEMPADRONAMIENTO OBLIGATORIO Y LA “CAZA” DE BENEFICIARIOS EN LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD

Como si no alcanzara con el ajuste, el Gobierno decidió redoblar la apuesta y enviar al Congreso un proyecto que promete “combatir el fraude”, pero que en la práctica parece poner bajo sospecha a cada persona con discapacidad del país. En medio de escándalos políticos, denuncias de coimas y la disolución de organismos clave, aparece esta iniciativa con un nombre tan contundente como inquietante: “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”.

La propuesta no viene sola: incluye la derogación de artículos fundamentales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, esos mismos que garantizaban cierto acceso más universal a derechos básicos. Traducido al lenguaje real: lo que alguna vez fue un paraguas de protección ahora vuelve a convertirse en un filtro cada vez más estrecho.

Pero el punto más polémico —y el que ya encendió todas las alarmas— es el reempadronamiento obligatorio. Sí, todos. Sin excepción. Cada beneficiario deberá volver a demostrar que merece la pensión: historia clínica en mano, situación económica bajo lupa y antecedentes laborales revisados al detalle. Como si la discapacidad tuviera fecha de vencimiento o necesitara ser “revalidada” ante la sospecha permanente.

¿Y si no cumplís? La respuesta es simple y brutal: suspensión automática y pérdida del beneficio. Sin grises, sin contemplaciones.

Mientras tanto, el Estado promete cruzar datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, en un despliegue de control que suena más a persecución administrativa que a política de inclusión. Todo bajo la bandera de la transparencia, claro.

En un contexto donde la ley vigente ni siquiera se está aplicando pese a fallos judiciales, el envío de este nuevo proyecto parece menos una solución y más una jugada para ganar tiempo. O, quizás, para cambiar las reglas del juego mientras millones miran desde afuera, preguntándose si el próximo en quedar fuera del sistema será ellos.

ALEJANDRO DUARTE