DISCAPACIDAD: ENTRE EL DISCURSO DE LA PRIORIDAD Y UNA REALIDAD QUE SIGUE DOLIENDO

En medio de una discusión que atraviesa al Estado, a las organizaciones sociales y, fundamentalmente, a miles de familias, las declaraciones del economista Adrián Ravier volvieron a encender una polémica que está lejos de apagarse: ¿qué lugar ocupa realmente la discapacidad en las prioridades del Gobierno nacional?
Ravier salió en defensa del rumbo de la gestión de Javier Milei y sostuvo que las personas con discapacidad representan “una prioridad” para el Gobierno. También reivindicó las auditorías realizadas sobre las pensiones y asignaciones, bajo el argumento de que se busca terminar con lo que calificó como “malas políticas” del pasado.
Pero hay frases que, cuando se pronuncian desde un estudio de televisión o detrás de un escritorio, chocan inevitablemente con una realidad mucho más dura.
Porque detrás de cada pensión hay una persona. Detrás de cada prestación hay una familia. Detrás de cada trámite hay alguien que muchas veces necesita asistencia, medicamentos, transporte, tratamientos, acompañamiento y condiciones mínimas para poder vivir con dignidad.
Ravier afirmó categóricamente que desde la llegada de Milei a la Presidencia ningún beneficiario quedó sin su prestación. Una afirmación de enorme impacto que merece ser contrastada con datos oficiales, casos concretos y la experiencia cotidiana de quienes atraviesan el sistema.
Las auditorías pueden ser necesarias. El control de los recursos públicos también. Nadie debería cuestionar que el Estado revise irregularidades y persiga eventuales fraudes.
Pero el problema aparece cuando, en nombre del control, la persona termina convertida en un número de expediente.
La discapacidad no puede analizarse solamente desde una planilla de Excel.

Porque cuando se habla de pensiones, no se habla únicamente de dinero público: se habla de derechos, de autonomía y, muchas veces, de la posibilidad concreta de sostener una vida digna.
La discusión, entonces, no debería reducirse a Gobierno versus oposición, ni a quienes defienden las auditorías contra quienes las cuestionan.
La verdadera discusión es mucho más profunda: ¿cómo controla el Estado sin abandonar a quienes necesitan del Estado?
Porque si existen irregularidades, deben investigarse. Si existen abusos, deben sancionarse. Pero si en ese proceso se termina poniendo bajo sospecha a todo un colectivo vulnerable, la consecuencia puede ser todavía más dolorosa.
Hoy la discapacidad vuelve a quedar en el centro de una batalla política y administrativa que no puede perder de vista algo elemental: antes que beneficiarios, expedientes o estadísticas, hay personas.
Y esas personas no pueden quedar atrapadas en una guerra de discursos mientras esperan que el Estado decida qué hacer con sus derechos.
ALEJANDRO DUARTE