Parece que, por fin, alguien encontró el botón de “simplificar trámite”.
El Ministerio de Industria de Misiones implementó un nuevo régimen para agilizar la radicación y habilitación de pequeñas industrias. La medida, establecida mediante la Resolución N.º 77/26, propone reducir los tiempos administrativos que muchas veces convierten la instalación de un emprendimiento productivo en una verdadera carrera de obstáculos.
Porque abrir una industria, aparentemente, no solo requería tener una idea, invertir dinero, conseguir un lugar y producir. También había que armar una carpeta capaz de competir en tamaño con una biblioteca nacional.
Ahora el panorama cambia.
Con el nuevo procedimiento, parte de las exigencias técnicas que se solicitaban en las primeras etapas serán reemplazadas por un mecanismo abreviado. Para iniciar el trámite, las empresas deberán presentar una Declaración Jurada y la documentación básica establecida por la normativa.
Y acá aparece una palabra que durante mucho tiempo pareció casi desconocida dentro de la administración pública: rápido.
La Dirección General de Industria tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para verificar los requisitos y emitir la correspondiente Disposición de Habilitación Industrial.
Diez días.
No diez meses. No una eternidad administrativa. Diez días hábiles.
La pregunta inevitable es: ¿por qué no antes?
El nuevo sistema busca acelerar la instalación y puesta en funcionamiento de pequeñas industrias, reduciendo la carga burocrática sin eliminar las responsabilidades que corresponden a cada establecimiento en materia de seguridad, higiene y protección ambiental.
Y ahí está el punto importante: simplificar no debería significar mirar para otro lado.
MENOS PAPELES, PERO NO MENOS CONTROL.
El cambio central consiste en eliminar determinados documentos técnicos de las primeras etapas del trámite y utilizar la información declarada por las empresas para avanzar con la evaluación.
Pero la declaración jurada no es una licencia para hacer cualquier cosa.
Las industrias continúan obligadas a cumplir con todas las normas vigentes. La seguridad, la higiene y la protección ambiental siguen estando ahí, aunque ahora algunos papeles dejen de pasear de oficina en oficina.
Porque una cosa es eliminar burocracia y otra muy distinta es eliminar controles.
El nuevo esquema modifica, fundamentalmente, cuándo y cómo se controla.
La Provincia apuesta a una habilitación administrativa más rápida y a una mayor fiscalización posterior directamente en planta. Es decir: menos lupa sobre la carpeta y más lupa sobre lo que realmente ocurre dentro del establecimiento.
Y quizás ahí esté la verdadera lógica de la medida.
Porque de poco sirve tener una carpeta impecable, prolija, sellada y perfectamente archivada si después nadie verifica qué sucede detrás de la puerta de la fábrica.
La industria necesita controles, por supuesto. Pero también necesita que el Estado entienda que cada día perdido detrás de un trámite puede significar una inversión frenada, una máquina parada, un proyecto postergado o puestos de trabajo que todavía no existen.
Ahora habrá que ver si esta simplificación funciona en la práctica.
Porque anunciar que se eliminan obstáculos es fácil.
Lo verdaderamente difícil será conseguir que la burocracia no vuelva a inventarlos por el camino.
ALEJANDRO DUARTE
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