El Gobierno nacional dio un paso más en la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) al aprobar las modificaciones al Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito. A partir de esta decisión, ya no será obligatorio realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) únicamente en los tradicionales centros de verificación habilitados, sino que cualquier taller o empresa que demuestre capacidad técnica podrá incorporarse al nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.
La medida completa la implementación de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte y busca ampliar la oferta de lugares donde realizar la inspección, promoviendo una mayor competencia y, en teoría, una reducción de costos y tiempos para los conductores.
Sin embargo, cuando se habla de seguridad vial, la apertura del mercado debe ir acompañada de controles rigurosos. La revisión técnica no es un simple trámite administrativo ni un sello para circular: es una herramienta destinada a detectar fallas mecánicas que pueden terminar en accidentes con consecuencias irreparables.
El nuevo esquema establece que los vehículos particulares de hasta diez años deberán realizar la RTO cada dos años, mientras que aquellos con más de una década de antigüedad deberán hacerlo anualmente. En el caso del transporte de pasajeros y de carga, la revisión continuará siendo semestral.
Además, el decreto actualiza los estándares técnicos y de emisiones de los vehículos conforme a normas internacionales, y asigna a la Subsecretaría de Transporte Automotor la supervisión del Registro Nacional de Talleres y el control de calidad de las inspecciones. Los establecimientos habilitados deberán transmitir en tiempo real los resultados de cada revisión a una base de datos nacional, requisito indispensable para conservar la autorización.
La modernización puede representar un avance importante si se traduce en un sistema más accesible y eficiente. Pero el verdadero éxito de la reforma no dependerá de la cantidad de talleres habilitados, sino de la calidad de las inspecciones y de la firmeza con la que el Estado controle su cumplimiento.
En materia de tránsito no hay margen para la improvisación. Flexibilizar el acceso al servicio puede ser positivo, siempre que no se flexibilicen también los estándares de seguridad. La confianza de los ciudadanos y la protección de quienes circulan por las rutas y calles del país dependerán de que cada revisión técnica siga siendo un control serio, independiente y transparente.
ALEJANDRO DUARTE
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