Parece que el menú de la cárcel de Cerro Azul no está a la altura del paladar de los hermanitos apostoleños, Germán (45) y Sebastián Kiczka (48). Condenados —por si alguien ya se olvidó— en abril de 2025 a catorce y doce años de prisión por aberraciones como la tenencia, facilitación y distribución de archivos de abuso sexual infantil y abuso sexual simple, ahora se pusieron “delicados”. Con una llamativa indignación, anunciaron una huelga de hambre y, faltaba más, exigieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Al fin y al cabo, ¿qué son doce o catorce años por destruir infancias cuando se puede estar más cómodo en el sillón de la casa mientras la “lentísima” burocracia del Superior Tribunal de Justicia analiza sus planteos?

Lo verdaderamente fabuloso de esta puesta en escena es la conmovedora celeridad de la Justicia. Viviana Gladis Cukla, jueza del Tribunal Penal 1, se apuró tanto en armar la audiencia de este jueves que a cualquiera se le piantaría un lagrimón ante semejante eficiencia. Una velocidad envidiable, sobre todo si recordamos que hace apenas una semana el Servicio Penitenciario Provincial descubrió que los hermanitos vivían en un “cyber”: en una requisa de rutina, les encontraron una notebook y un teléfono celular. Sí, dispositivos estrictamente prohibidos para cualquiera, pero parece que para ellos eran accesorios de primera necesidad.
El delirio institucional llegó a su cumbre en Posadas. Mientras en el Tribunal Penal 2 se iniciaba, por fin, un juicio oral por abuso sexual, el juez César Antonio Yaya y el fiscal Vladimir Glinka tuvieron que dejar todo colgado, suspender la audiencia en la calle San Martín y correr a las apuradas esas cuatro cuadras que los separaban del TP-1 en calle La Rioja. ¿El motivo de tanta urgencia? Cumplir su rol de subrogantes para escuchar los lamentos y las exigencias de los defensores de los Kiczka. Porque claro, la comodidad de dos condenados por abuso infantil lógicamente cotiza más alto en la agenda del día que el inicio de un juicio para otra víctima.

Por ahora, el “acting” de la huelga de hambre solo consiguió una respuesta tibia: les dijeron que van a analizar sus pedidos y que, bueno, quizás revisen la computadora y el smartphone que tenían escondidos para ver qué uso les daban. Esa titánica tarea informática quedó en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal. Habrá que esperar sentados a ver si la pericia avanza con la misma velocidad olímpica con la que los jueces corren para atender los caprichos de los hermanos.
ALEJANDRO DUARTE

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