Esta semana volvieron a conocerse novedades en torno al proyecto de Presupuesto 2027 y, con ellas, reaparecieron las polémicas alrededor de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.
La realidad vuelve a encender una luz roja.
Y esta vez no es una advertencia menor. Estamos hablando de un colectivo que durante décadas debió luchar para conquistar derechos, construir autonomía y dejar atrás una mirada que reducía la discapacidad a una cuestión exclusivamente médica. Hoy, muchas de esas conquistas vuelven a sentirse amenazadas.
Recortes, modificaciones regulatorias, reducción de apoyos, subsidios en discusión y un escenario presupuestario que genera incertidumbre forman parte de una realidad que preocupa profundamente a quienes trabajan todos los días por la inclusión.
Porque cuando se habla de discapacidad no se está hablando simplemente de números en una planilla de Excel.
Se está hablando de personas.
Personas que necesitan transporte accesible, tratamientos, educación, acompañamiento, herramientas para trabajar, prestaciones y condiciones que les permitan desarrollar una vida en comunidad con dignidad.
Y ahí aparece la gran pregunta: ¿qué ocurre cuando el equilibrio de las cuentas públicas comienza a discutirse sobre las condiciones de vida de quienes más necesitan del Estado?
Desde el Gobierno se sostiene que la desregulación, la reducción del gasto y una transformación del sistema forman parte del camino hacia un país diferente. Esa es una definición política que puede ser discutida y analizada.
Pero mientras los números se discuten en despachos y oficinas, hay personas que esperan una prestación, una terapia, un transporte, un medicamento, una silla de ruedas o simplemente la posibilidad de vivir con un poco más de autonomía.
La discapacidad no puede convertirse nuevamente en un problema.
No es un problema que haya que esconder, reducir o administrar como una carga.
Es una condición humana que, en determinadas circunstancias, requiere apoyos y políticas públicas para garantizar derechos.
Y si esos apoyos desaparecen, no desaparece la discapacidad.
Desaparecen oportunidades.
Se cierran puertas.
Se pierde autonomía.
Se profundizan las desigualdades.
Y se corre el riesgo de regresar a una época en la que la persona con discapacidad era observada desde la enfermedad, desde la dependencia y desde la imposibilidad, en lugar de ser reconocida como sujeto de derechos.
Por eso las banderas rojas vuelven a flamear.
Porque cuando un colectivo históricamente postergado siente que sus derechos están nuevamente bajo presión, no alcanza con pedir paciencia.
No alcanza con hablar de eficiencia.
No alcanza con decir que el sacrificio es necesario.
Hay que explicar quién paga ese sacrificio y qué ocurre con aquellos que no tienen otra red de contención.
La imagen resulta inevitable: una sociedad que pretende avanzar mientras deja atrás a quienes necesitan más acompañamiento corre el riesgo de confundir ajuste con progreso.
La discapacidad no pide privilegios.
Pide derechos.
No pide beneficios especiales.
Pide igualdad de oportunidades.
No pide que el Estado haga todo.
Pide que el Estado no desaparezca allí donde su presencia resulta indispensable.
Y mientras el debate presupuestario continúa, miles de familias observan con preocupación qué quedará en pie cuando termine esta discusión.
Tal vez el verdadero desafío no sea solamente cuánto dinero se gasta.
Tal vez la pregunta más importante sea qué clase de sociedad queremos construir.
Porque una sociedad inclusiva no se mide únicamente por sus cuentas equilibradas.
También se mide por la capacidad de garantizar que nadie quede condenado a vivir al margen.
Y hoy, para muchas personas con discapacidad, la sensación es precisamente esa: que nuevamente tienen que pelear para no retroceder.
El nuevo round está abierto.
Gobierno contra discapacidad.
Pero del otro lado no hay un adversario político.
Hay personas.
Y esas personas no pueden convertirse en el precio de ninguna batalla económica, ideológica ni presupuestaria.
ALEJANDRO DUARTE
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