CRISIS EN DISCAPACIDAD

La situación del sector de discapacidad en Misiones atraviesa un escenario crítico que ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad asfixiante, marcada por el desfinanciamiento y una ausencia de respuestas que, a esta altura, resulta casi sistemática por parte de la administración central.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, confirmó que el sistema continúa en emergencia… una emergencia que persiste a pesar de leyes vigentes y medidas judiciales. Porque nada parece más opcional que cumplir con lo que, en teoría, debería ser obligatorio.

El eje del conflicto es la interrupción del flujo de fondos del Programa Federal Incluir Salud, que acumula demoras de hasta cinco meses en los pagos a prestadores. Cinco meses: una eternidad para quienes sostienen tratamientos, instituciones y, sobre todo, vidas que no pueden ponerse en pausa.

La mora en los giros nacionales no solo tensó la cuerda: la rompió. La cadena de pagos colapsó, dejando a instituciones y profesionales al borde del cierre. Según Antúnez, muchos prestadores ya comenzaron a suspender servicios, no por decisión, sino porque sostener la atención sin recursos se volvió, literalmente, imposible. Pero claro, siempre queda la ilusión de que la vocación pueda reemplazar al financiamiento.

A este panorama se suma la urgencia por medicamentos de alto costo, cuyos valores oscilan entre los 5 y 30 millones de pesos por persona. Ante la ausencia de envíos por parte de la Nación, la “Provincia decidió hacerse cargo para evitar un desenlace aún más dramático”. Un gesto que intenta tapar un agujero cada vez más grande.

Solo en este rubro, el gasto proyectado supera los 4.000 millones de pesos anuales para asistir a unos 300 beneficiarios. Una cifra contundente que refleja lo evidente: cuando el sistema falla, alguien tiene que responder. Aunque, visto lo visto, no todos parecen sentir la misma urgencia

ALEJANDRO DUARTE