En Misiones, el conflicto por la tierra vuelve a escribir una página dolorosa. Y esta vez, el fuego no solo consumió una vivienda: consumió años de trabajo, esfuerzo, recuerdos y el refugio de una familia campesina.
Este viernes, Cristian Marcelo Dos Santos regresó a su chacra de Puerto Argentino 3 y encontró lo inimaginable: su casa había sido incendiada. Donde durante años hubo paredes, habitaciones, herramientas y pertenencias, quedaron apenas cenizas y algunos pilotes todavía humeantes.
Pero este incendio no aparece como un hecho aislado.
Según las denuncias difundidas por vecinos y organizaciones, en los últimos treinta días otras nueve familias de la misma comunidad sufrieron incendios de sus viviendas. Diez casas destruidas en apenas un mes. Diez hogares convertidos en cenizas. Diez historias de familias que, además de perder sus bienes, enfrentan el temor de perder aquello que consideran fundamental: su territorio.
La situación de Dos Santos resulta todavía más preocupante por los hechos denunciados días antes. El martes 1° de septiembre, efectivos policiales y personal vinculado a la empresa Arauco habrían ingresado a su chacra para exigirle que dejara de trabajar allí, según el relato difundido por la comunidad.
El motivo señalado resulta tan sencillo como inquietante: cultivar la tierra.
Cristian habría sido amenazado con una posible condena de seis meses de prisión por realizar tareas agrícolas en el lugar que considera su chacra, sin que —según la denuncia— existiera una orden judicial que justificara el procedimiento.
Ante el temor y después de conocer los ataques sufridos por otras familias, decidió retirar sus animales y algunas pertenencias.
Y entonces llegó el fuego.
El miércoles, vecinos denunciaron haber visto nuevamente camionetas vinculadas a Arauco recorriendo la zona. El viernes por la tarde apareció el humo. Cuando llegaron quienes advirtieron el incendio, ya era demasiado tarde.
La casa de Cristian había desaparecido.
No se trata solamente de ladrillos, chapas o madera. Una casa campesina representa mucho más: es el lugar donde una familia duerme, cocina, guarda sus herramientas, protege a sus animales y resiste las tormentas. Es el punto desde donde se cultiva la tierra y se produce alimento.
Ayer había un hogar.
Hoy hay cenizas.
Y mañana, la pregunta es inevitable: ¿quién será la próxima familia?
El caso vuelve a poner bajo la lupa el histórico conflicto por la tierra en el norte de Misiones y el avance de la actividad forestal sobre territorios donde viven y producen familias rurales.
Las acusaciones son gravísimas y requieren una investigación profunda, independiente y transparente. Si hubo incendios intencionales, amenazas, intimidaciones o participación irregular de funcionarios policiales, la Justicia debe determinar responsabilidades y llevar a los responsables ante los tribunales.
No puede existir una provincia donde una familia tenga miedo de trabajar su propia tierra.
Tampoco puede naturalizarse que una vivienda sea destruida y que la respuesta institucional sea el silencio.
En este escenario aparecen además cuestionamientos vinculados al denominado desalojo exprés, cuya aprobación en el Senado —según denuncian organizaciones— incrementó la preocupación entre quienes sostienen conflictos territoriales. La discusión legislativa podrá continuar, pero el drama de estas familias ya está ocurriendo.
Hay personas que están perdiendo sus casas.
Hay animales que quedan sin refugio.
Hay cultivos abandonados.
Hay herramientas destruidas.
Hay familias que se marchan.
Y hay otras que permanecen, pero viven con miedo.
El conflicto territorial en Misiones no puede reducirse a una disputa entre papeles, títulos de propiedad o intereses empresariales. Del otro lado hay personas. Hay campesinos. Hay trabajadores. Hay familias.
Y cuando una familia pierde su vivienda, no pierde solamente un inmueble: pierde parte de su historia, su capacidad de producir y, muchas veces, la posibilidad de permanecer en el lugar donde construyó su vida.
Por eso, las denuncias contra Arauco y las acusaciones sobre una eventual connivencia entre sectores empresariales, policiales y judiciales deben ser investigadas con absoluta seriedad. No corresponde condenar sin pruebas, pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado frente a denuncias tan graves.
Las autoridades provinciales tienen una responsabilidad ineludible.
Investigar los incendios.
Investigar las amenazas.
Investigar los procedimientos policiales denunciados.
Garantizar la seguridad de las familias.
Y, fundamentalmente, impedir que el miedo se convierta en una herramienta de expulsión.
Porque una democracia no puede medir su fortaleza solamente por sus grandes obras o sus números económicos. También debe demostrarla cuando tiene que proteger al más vulnerable frente al poder.
Defender a las familias también es defender su derecho a la tierra, a producir alimentos y a vivir sin miedo.
En San Pedro, hoy quedan cenizas donde ayer había un hogar.
Y esas cenizas deberían ser suficientes para que toda la sociedad se pregunte, con preocupación y sin mirar hacia otro lado:
¿CUÁNTAS CASAS MÁS TENDRÁN QUE QUEMARSE PARA QUE ALGUIEN ESCUCHE?ALEJANDRO. DUARTE
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