FICHA LIMPIA “VERSIÓN MISIONES”: POR LAS DUDAS, QUE NO QUEDE NADIE ADENTRO

Misiones decidió no quedarse a mitad de camino y avanza con su propio modelo de Ficha Limpia, una versión bastante más ambiciosa que la que se discute a nivel nacional. La iniciativa, impulsada desde la Cámara de Representantes tras el anticipo de Carlos Rovira, propone un esquema de restricciones tan amplio que, más que filtrar candidatos, parece directamente diseñado para poner a prueba quién logra pasar el examen completo.

El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad, incluso si la sentencia no está firme o si la pena es en suspenso. Es decir, ante la duda… afuera. Y no solo por corrupción: la lista incluye delitos contra la administración pública, el orden económico, el sistema democrático, la seguridad, las personas, la propiedad, la fe pública, el ambiente y hasta el maltrato animal. Un abanico tan amplio que básicamente cubre todo lo que alguien podría hacer mal… o casi.

Como era de esperar, aparecen nombres clásicos del Código Penal: cohecho, malversación, fraude, enriquecimiento ilícito. Pero también se suman otras categorías, porque la idea es no dejar cabos sueltos. Total, mejor que sobre control y no que falte.

La norma también fija una regla electoral muy precisa: si la condena llega antes del 31 de diciembre del año previo, no hay candidatura. Si llega después del 1° de enero, bueno… se compite tranquilo y el problema queda para después. Una especie de calendario judicial-electoral que parece hecho a medida para que todo encaje… más o menos.

Pero el proyecto no se conforma con antecedentes penales. También quedan afuera los deudores alimentarios, quienes tengan deudas con el fisco y aquellos que acumulen tres o más infracciones graves de tránsito en los últimos dos años. Porque, claro, si no respetás un semáforo, difícilmente puedas manejar un municipio.

Uno de los puntos más “innovadores” es la inclusión de ciberdelitos: no podrán competir quienes estén complicados judicialmente por grooming, fraudes informáticos o acceso ilegal a sistemas. El mensaje es claro: tampoco hay lugar para los vivos del teclado.

Y por si algo faltaba, aparece el requisito estrella: el certificado toxicológico obligatorio. Los candidatos deberán someterse a estudios en orina, saliva, sangre y cabello para demostrar que están en condiciones. Y si hubo consumo problemático, habrá que presentar el “ok” terapéutico. Una especie de apto físico… pero versión política.

El control quedará en manos del Tribunal Electoral, que podrá revisar antecedentes, rechazar candidaturas y cruzar datos con otros organismos. Eso sí, antes de bajar a alguien, le darán dos días para defenderse. Un margen breve, pero al menos formalmente prolijo.

Además, cualquier ciudadano podrá impugnar candidaturas si detecta irregularidades. Tres días para presentar pruebas y poner en duda a quien aspire a un cargo. Democracia participativa… con lupa incluida.

Los partidos políticos tampoco zafan: tendrán que asegurarse de que sus candidatos cumplan con todos los requisitos. Si no, se exponen a sanciones que van desde multas hasta la pérdida de la personería jurídica. O sea, no solo hay que elegir candidatos… también hay que rezar que pasen el filtro.

En los fundamentos, el proyecto habla de fortalecer la institucionalidad y garantizar condiciones acordes a la función pública. Y aclara que no busca restringir derechos, sino establecer criterios “razonables”. Un concepto elástico, como suele pasar en estos casos.

En definitiva, la iniciativa marca una estrategia clara: subir la vara de acceso a la política. Tan alta que ahora la gran incógnita no es quién quiere ser candidato… sino quién logra calificar.

ALEJANDRO DUARTE