La ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada este viernes por el Senado, introduce una serie de modificaciones al sistema tributario y penal con el objetivo de incentivar la regularización de dólares no declarados y reducir la litigiosidad fiscal
Con esta norma, el Gobierno de Javier Milei apuesta a fomentar el blanqueo de capitales adquiridos en el mercado informal, al tiempo que redefine los criterios bajo los cuales se persiguen los delitos de evasión y se fiscaliza a los contribuyentes.
La ley modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales, el Código Civil y Comercial y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, uno de los ejes centrales de la iniciativa.
Entre los puntos más destacados, establece un Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir contribuyentes con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos. Según la explicación oficial, quienes ingresen a este esquema quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y no estarán sujetos al control de sus consumos.
En la práctica, esto implica que ARCA solo liquidará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, sin considerar el eventual crecimiento patrimonial no declarado. De esa base imponible, además, se deducirán los consumos, lo que reduce la carga fiscal para quienes adhieran
La ley también introduce el llamado “efecto liberatorio del pago”. El artículo 39 establece que, si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y abona en tiempo y forma, quedará liberado de eventuales acciones penales, salvo que se compruebe la omisión de ingresos
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