La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió el 31 de enero un comunicado en el que expresa su preocupación por la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad penal de los adolescentes, advirtiendo que esa medida no puede ser considerada la única respuesta ante hechos de violencia o delitos cometidos por jóvenes y que las políticas públicas deben incluir educación, prevención y acompañamiento integral.
El texto, firmado por la Comisión Ejecutiva de la CEA -que encabezan el arzobispo de Mendoza, Marcelo D. Colombo, y el cardenal de Córdoba, Ángel S. Card. Rossi- plantea que centrar el debate casi exclusivamente en la pena y en la edad de responsabilidad penal tiende a dejar en un segundo plano lo que realmente es necesario y eficaz: aquello que previene, educa y acompaña a niños y adolescentes.
En su pronunciamiento, los obispos recuerdan que la Iglesia comparte el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos de violencia, pero sostienen que una discusión reducida a la edad penal “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”. En ese sentido, enfatizan que el desafío de las políticas juveniles es pensar “caminos que cuiden, eduquen y acompañen”, y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho.
El comunicado se enmarca en la memoria de san Juan Bosco, figura protectora de los jóvenes, cuya pedagogía se basaba en la presencia cercana de los adultos, la educación, la vida comunitaria y el trabajo como pilares para la realización humana. A partir de esa inspiración, la Iglesia propone “educar, acompañar y prevenir” como estrategias fundamentales para afrontar las problemáticas sociales que involucran a niños y adolescentes.
Según el documento, la verdadera prevención surge del cuidado compartido: familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niñez y juventud. En ese marco, la CEA reafirma que es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza, que vaya más allá de la sola dimensión punitiva.
En su pronunciamiento, los obispos recuerdan que la Iglesia comparte el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos de violencia, pero sostienen que una discusión más amplia.
El Gobierno nacional incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto para reformar el régimen penal juvenil, que propone establecer la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, acompañado de iniciativas complementarias en materia de seguridad y políticas juveniles. Ese planteo ha generado controversia política y social, con voces a favor y en contra en el seno de los bloques políticos y entre organizaciones sociales y de derechos humanos.
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