En un giro que nadie esperaba —o que quizás llegó un poco tarde—, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones decidió que, tal vez, no es la mejor idea que un docente imputado por presunto abuso sexual siga dando clases como si nada.
El organismo anunció este jueves que pidió la separación inmediata del docente de un instituto privado de Posadas, no porque la Justicia lo haya impedido —porque no lo hizo— sino porque, aparentemente, alguien recordó que las escuelas deberían ser lugares seguros.
Según se informó, el docente continúa en libertad con medidas restrictivas que solo protegen a la presunta víctima. Es decir, puede seguir trabajando y teniendo contacto con otros menores sin mayores inconvenientes. Un detalle menor, claro.

Desde el punto de vista penal, no hay impedimentos para que continúe en funciones. Pero desde el sentido común —ese que a veces aparece tarde—, el SPEPM invocó el “deber reforzado de seguridad y prevención”, apoyándose en normas como el Código Civil y la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
La solución propuesta llega con tono de urgencia: separar al docente, reubicarlo en tareas sin contacto con alumnos o concederle una licencia preventiva. Todo, por supuesto, sin prejuzgar. Porque nada dice “cuidamos a los chicos” como aclarar que no se está sacando conclusiones… mientras se intenta evitar que el problema siga en el aula.
Además, el organismo advirtió que mantener la situación actual —aunque el docente no tenga alumnos a cargo— no cumple con el estándar de “máxima diligencia”. Traducido: quizás no alcanza con mirar para otro lado.
El caso, que ya está en manos de la Justicia, generó preocupación en la comunidad educativa misionera. Mientras tanto, el nombre del establecimiento y los avances de la investigación siguen siendo un misterio. Transparencia, pero de a poco.

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