Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas, regulan el caudal de ríos y sostienen actividades como la agricultura y la generación de energía. Pero tranquilos: parece que el verdadero problema es que “confunden” a los inversores.
Cada 15 de febrero, en el Día Nacional de los Glaciares, el país recuerda que esas enormes masas de hielo no están ahí solo para salir lindas en las fotos de la Patagonia, sino para garantizar agua dulce en un territorio que, detalle menor, depende de ellas. Justo en ese contexto, resurge el debate por la reforma de la Ley 26.639, esa norma incómoda que desde 2010 insiste en proteger lo que todavía no terminamos de derretir.
La ley que molestaba al hielo (y a algunos más)
Sancionada el 30 de septiembre de 2010, la ley estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial. Traducido: declaró que no todo lo que brilla en la cordillera debe excavarse.
La norma considera a los glaciares bienes públicos y reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura, biodiversidad, ciencia y turismo. En esos territorios solo se permiten actividades científicas no invasivas, rescates y deportes no motorizados. Nada de dinamita, nada de perforaciones, nada de “pequeños ajustes productivos”.
Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la tarea nada caprichosa de identificar, medir y monitorear cada cuerpo de hielo. Porque hasta ahora, en el mundo civilizado, la ciencia suele definir qué es un glaciar. Una excentricidad.
La ley también prohíbe expresamente actividades que puedan afectar su condición natural, como la minería y la explotación hidrocarburífera. Y establece sanciones para quienes decidan que el agua dulce es un obstáculo en el camino del progreso.
La reforma: cuando el problema es la interpretación (del hielo)
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la ley, argumentando que existen “graves falencias interpretativas” que generan inseguridad jurídica y frenan inversiones, especialmente mineras. Porque si algo desvela a un glaciar es no tener reglas claras para ser intervenido.
La propuesta apunta a fortalecer el “federalismo ambiental”, permitiendo que las provincias tengan mayor protagonismo en la gestión. En la práctica, según advierten críticos de la iniciativa, eso implicaría que cada jurisdicción pueda decidir qué glaciar es útil y cuál resulta prescindible. Una suerte de casting del hielo: este sirve, este estorba.
La periodista Laura Rocha cuestionó que se quite a la ciencia el rol central en la definición de glaciares y ambiente periglacial, trasladando ese poder a criterios políticos provinciales. Porque nada garantiza mayor objetividad ambiental que una discusión atravesada por regalías, empleo y balances trimestrales.
Los números que incomodan
El Inventario Nacional registra 16.968 cuerpos de hielo, que abarcan unos 8.484 km² en 12 provincias. Alimentan 39 cuencas hidrográficas y sostienen economías regionales enteras. Más del 36% del territorio continental argentino está en cuencas que dependen del deshielo.
En la Patagonia, el icónico Glaciar Perito Moreno perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024, según investigaciones del CONICET. Pero seguramente también sea un problema de interpretación: el hielo se “corrió” por cuestiones administrativas.
A nivel global, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2025 fue uno de los tres años más cálidos registrados, con una temperatura media 1,44 °C superior al promedio preindustrial. Los glaciares del mundo pierden en promedio 273 mil millones de toneladas de masa al año. Un detalle menor en tiempos de crecimiento.
Agua o litio, ciencia o oportunidad
El debate no es técnico, es estructural: ¿los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática o son obstáculos geográficos para el desarrollo extractivo?
La ley vigente fija un piso de protección ambiental que las provincias pueden ampliar, pero no reducir. La reforma, en cambio, abre la puerta a interpretaciones más “flexibles”. Y cuando se trata de recursos estratégicos, la flexibilidad suele ser inversamente proporcional a la prudencia.
En un país donde la seguridad hídrica depende en gran parte del hielo andino, la discusión no es romántica ni ideológica. Es bastante simple: el agua no se fabrica. Y cuando el glaciar se va, no hay decreto que lo reponga.
Pero claro, siempre se puede argumentar que el problema no es el deshielo. Es la falta de consenso sobre qué tan glaciar es un glaciar.
Alejandro Duarte
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